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Planes de movilidad para empresas, peajes urbanos en las ZBE… la Ley de Movilidad Sostenible, de nuevo en las Cortes

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El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible vuelve nuevamente a las Cortes para su tramitación parlamentaria y lo hace sin la polémica aplicación de peajes en autovías, pero abriendo la puerta a posibles peajes urbanos en las ZBE y a nuevas exigencias a las empresas en materia de movilidad, entre otras muchas cosas.

La ley deberá tramitarse por el procedimiento de urgencia para así poder cumplir con el compromiso adquirido por el Gobierno español ante la Unión Europea, que exige su aprobación para antes del próximo 31 de diciembre. De este cumplimiento depende en buena parte el acceso de nuestro país a nuevas entregas de los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

Desaparecen los peajes para las autovías

Para poder acceder a los fondos, el Gobierno se ha visto forzado a negociar con la UE la desaparición del texto de la ley del compromiso previamente adquirido de establecer peajes en las autovías. A cambio, la UE ha exigido introducir nuevos compromisos en materia de transporte ferroviario.

El Ejecutivo se ha comprometido a incrementar las inversiones en materia de transporte de mercancías por ferrocarril, a desarrollar las llamadas autopistas ferroviarias, a bonificar los cánones que ADIF cobra a los operadores durante cinco años y a lanzar nuevos apoyos e incentivos al sector del transporte. Todo ello con el objetivo de alcanzar para el transporte de mercancías por ferrocarril un 10% de cuota frente al 4% que actualmente representa en el global.

La aprobación de la nueva ley en las Cortes permitirá eliminar importantes ineficiencias en el sector del transporte en España, lo que ”contribuirá a reducir en unos 800 millones de euros anuales los sobrecostes que estas ineficiencias generan”, según comentó el Ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, tras el pasado Consejo de Ministros. Según Puente, esto contribuirá a incrementar la productividad de las empresas en un 3%.

Ley «tremendamente necesaria»

Para el ministro, la Ley de Movilidad Sostenible “es tremendamente necesaria”, por lo que espera que su aprobación obtenga “un alto grado de consenso” por parte de todas las formaciones políticas, máxime cuando en su frustrado proceso de tramitación anterior “se atisbaba la posibilidad de alcanzar un gran acuerdo”, ha indicado Puente.

La ley es de gran importancia. El transporte supone el 13% del gasto que realizan los hogares españoles y proporciona empleo de manera directa a más de 800.000 personas en España. En nuestro país, el transporte también genera el 29% de las emisiones de CO2 que se producen anualmente.

Si bien el ministro afirmó que él “haría la ley de otra manera”, dado que sería “más ambicioso”, reconoció que “la realidad se impone” y por ello el texto que llegará a las Cortes será “tal y como se aprobó la primera vez” para facilitar su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, dada la “realidad parlamentaria ciertamente compleja” que tenemos.

Se abre la puerta a los peajes urbanos

El ministro confirmó que la polémica implantación de peajes en las autovías españolas ha quedado fuera del texto del anteproyecto de Ley remitido a las Cortes por el Gobierno. Pero si bien el posible pago por uso de las mismas se ha suprimido definitivamente, el texto de la nueva ley abre la puerta a que las corporaciones locales puedan establecer a los automovilistas tasas y peajes urbanos por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones. Puente recordó que la ley no las establece, pero sí que las contempla dado que debe proporcionar cobertura legal para que se puedan llevar a cabo si alguna corporación local decidiera activar tales medidas. En todo caso, Puente recordó que las Zonas de Bajas Emisiones no van en el contenido de esta ley, sino que corresponden a la de Cambio Climático”.

Según Puente, la implantación de las zonas ZBE en las ciudades española acumula ya 1.500 millones de euros de inversión. Por ello, no entiende cómo ayuntamientos como los de Valencia, Logroño, Elche o Valladolid estén revertiendo actuaciones —como por ejemplo las de los carriles bici— en materia de movilidad sostenible simplemente por “cuestiones ideológicas”.

Más exigencias para las empresas

La Ley de Movilidad Sostenible, que según el Foro de Movilidad promovido por Alphabet respalda el 83 % de los españoles, también incorpora por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la denominada “Negociación Colectiva Verde”. Esta exige a las empresas con más de 500 trabajadores, o turnos de 250, a establecer planes de transporte sostenible para que sus empleados acudan a sus puestos de trabajo.

Según Alphabet, esta norma es una «herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al trabajo». Una norma que considera que permitirá a las empresas optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

En opinión del Ministro de Transportes y Movilidad, esta norma no implica problemas, dado que actualmente, las empresas de este tamaño ya contemplan planes de movilidad sostenible de este tipo desde hace tiempo”. Además, considera que los tienen “por conveniencia”. Por ejemplo, Renault ya tiene en Valladolid, que además le permite obtener ahorros fiscales gracias a las medidas introducidas en el mismo.

Regula soluciones innovadoras

El texto de la nueva Ley de Movilidad Sostenible también regula soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados.

También incluye la creación del denominado “Espacio de Datos Integrado de Movilidad” (EDIM) en el que las empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán datos e información que permitirá optimizar la toma de decisiones de los distintos actores a la hora de planificar y ejecutar nuevas infraestructuras o la puesta en marcha de nuevos servicios.

E igualmente crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que facilitará la coordinación de todo ello a través de nuevos foros de cooperación entre las distintas administraciones, como el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible, un nuevo órgano consultivo cuya función es la de facilitar la cooperación público-privada a todos los niveles.

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