Tras las vacaciones de verano dará comienzo el cálculo de los presupuestos de 2024, un momento de crítica importancia que determinará si los gestores deben empezar a calcular los costes que la posible implantación de peajes en todas las autovías y autopistas española van a repercutir en los gastos de la flota durante el próximo ejercicio.
Sea del color que sea el color del próximo Gobierno que este próximo domingo salga de las urnas, una cosa parece clara: tendremos peajes en las autovías españolas. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido con la Unión Europea a articular «un mecanismo de financiación específico para el mantenimiento de las vías de alta capacidad» en nuestro país.
Garantizar la conservación y el mantenimiento
Un sistema de pago por uso que, si bien debe ayudar a garantizar la conservación y el mantenimiento de las autopistas y autovías españolas, está por ver si, al igual que ya sucede con otros tantos impuestos en materia de fiscalidad del automóvil, la totalidad de lo recaudado finalmente «revierte» directamente en el fin para el que se anuncia su recaudación. Por desgracia, los automovilistas españoles ya tienen muchas malas experiencias en lo relativo a los impuestos «finalistas» con los que las distintas Administraciones públicas meten la mano en nuestros bolsillos.
Por mucho que desde el PSOE se empeñen en negarlo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia lo dice taxativamente: España se compromete a «establecer un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal», tal y como se especifica en el citado documento oficial, en el que también se menciona expresamente la creación «de un pago por uso de la red viaria de carreteras».
Nada que hacer: compromiso en firme de España con Bruselas
El compromiso adquirido por el Gobierno de Pedro Sánchez es firme y lo es porque formó parte directamente de los compromisos del Estado español para poder acceder a los fondos «Next Generation» que la UE asignó a nuestro país para hacer frente a la crisis de la COVID, a los efectos derivados de la misma, así como a los que sigue provocando la invasión rusa de Ucrania.
Y lo es pese al empeño puesto tanto por el propio presidente Sánchez, con sus reiteradas mentiras al respecto durante el debate televisado frente al líder de la oposición, como pese a los desmentidos de sus propios ministros y demás adláteres, como el de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que han negado «categóricamente» que se vayan a introducir peajes en las autopistas españolas en 2024 o que el Gobierno se plantee el pago por uso de las vías de alta capacidad.
La ministra alude en concreto a que el Gobierno «desestimó en la ley de movilidad sostenible la posibilidad de instaurar el pago por uso en las vías de alta capacidad» y menciona que para que tal situación pudiera producirse previamente debería contar con el «consenso de los partidos políticos, las Administraciones territoriales y el conjunto del sector de los transportes», lo que prácticamente hace que «no tenga sentido plantear una medida fiscal como esta» en nuestro país. Se olvida la ministra de que la citada ley no ha llegado a ser aprobada en toda la recién acabada legislatura.
Lo que no deja de ser curioso es que fuera el propio director general de Tráfico, Pere Navarro, quien durante una entrevista que le realizaron para la televisión catalana dejara por mentiroso al presidente del Gobierno en este tema… y más aún que fuera el propio Gobierno el que desautorizara y forzara a Navarro a realizar un desmentido de sus propias declaraciones apenas unas horas después de haberlas realizado.
El tema no es nuevo: en 2021 el Gobierno ya lo propuso
Y es que lo cierto es que el tema viene de largo, de varios años atrás… y hasta la fecha no se había producido ningún desmentido por parte del Gobierno al respecto, más bien al contrario. Porque ya en la primavera de 2021 desde el propio Gobierno español se empezó a especular con la posibilidad de establecer un pago por uso de las carreteras en nuestro país en general y por el uso de las vías de alta capacidad en particular. De hecho, varios miembros del entonces ejecutivo de Pedro Sánchez, el compuesto por el PSOE y Podemos, lo daban por hecho como proyecto de futuro aunque por entonces demoraban su puesta en marcha… ¡precisamente a 2024!
Garantía propuesta para la recepción de los fondos Next Generation
Tan verosímil era la seguridad de los propios ministros y responsables como que la propuesta de tal imposición aparecía incluida por escrito en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno español remitió a Bruselas en 2021 como «garantía» para poder recibir los 84.000 millones de euros que los fondos «Next Generation» adjudicaban a nuestro país para ayudarnos a superar la crisis generada por el COVID.
En concreto, el 19 de agosto de 2021 el diario El País titulaba: «El Gobierno vuelve a la carga con el pago por uso de las autovías tras la liberación de las autopistas», una noticia al respecto de que la nueva ministra de Transportes quería consensuar una fórmula para paliar el déficit de mantenimiento de carreteras de nuestro país y tranquilizar así a Bruselas sobre el gasto público.
Otros medios como Onda Cero, Autopista, El Confidencial, El Economista, 20 minutos, Marca y muchos otros más ya publicaron por esas mismas fechas numerosas informaciones al respecto dando por buena la información del compromiso del Gobierno del PSOE con la UE. Incluso no deja de resultar curioso que, ante la polémica que la medida propuesta por el Gobierno español a Bruselas ha generado, un medio totalmente afín con el partido gobernante como es el diario digital El Plural.com le quitara «hierro» al asunto aludiendo a la tradicional posición del PP en este aspecto titulando una noticia el 6 de mayo de 2021: «El PP ya propuso cobrar peajes en autovías con Ana Pastor como ministra de Fomento», donde se comentaba reiteradamente como «desde el año 2012 el PP valora engrosar la arcas públicas cobrando por el uso de las carreteras», a modo de crítica por los «varios aspavientos» protagonizados por líderes de la formación política tras «trascender que el Gobierno de Pedro Sánchez baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado».
Conviene recordar que, además, por aquellas fechas finalizaba el llamado Plan de Reversión de Concesiones de Autopistas 2018-2021, mediante el cual el Estado recuperaba la propiedad de 1.097 km de autopistas, en concreto las concesiones de Europistas (AP-1), Aumar (AP-7 y AP-4), ACESA (AP7, AP2 y B-23) e Invicat (C-31, C-32 y C-33), reversiones que suponían unos costes añadidos para el Estado de 478 millones de euros anuales que deberían soportar los presupuestos públicos simplemente en concepto de mantenimiento de los tramos cuya propiedad se revertía.
Tras la alarma social que el tema concitó, el tema pasó a silenciarse en la agenda del Gobierno durante 2022, lo que no implicó su retirada de la propuesta efectuada a Bruselas, y la posterior invasión rusa de Ucrania y la guerra consecuente terminaron de sepultarlo informativamente. Eso no implicó que determinados dirigentes políticos, como es el caso de Juan Bravo, por entonces responsable económico en el PP, recordara el compromiso adquirido por el Gobierno del PSOE y Podemos en distintas intervenciones a lo largo del pasado año 2022.
¿Quién miente, Sánchez o Pere Navarro?
Medida que ahora retorna a la plena actualidad con el desmentido del director general de Tráfico, Pere Navarro, a las respuestas del presidente Sánchez durante el debate electoral retransmitido por los medios de Atresmedia. Navarro fue entrevistado en el programa Els Matins de TV3 y lo dijo muy claramente: «El año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes. Nos lo exige Bruselas», manifestó obviando la propuesta previa del gobierno Sánchez a la UE a fin de obtener los fondos «Next Generation». Según declaró Navarro, «Bruselas nos impone, nos exige, poner peajes; nos dice: ‘El dinero que os estamos enviando no es para conservación y mantenimiento de carreteras, es para otras cosas, con lo cual tenéis que poner peajes como una exigencia si queréis recibir más dinero”.
Las declaraciones de Pere Navarro fueron desmentidas de inmediato, en apenas unas horas, por la propia DGT, que desautorizó así a su propio dirigente en un comunicado en el que lamentaba «profundamente la confusión generada sobre un asunto sobre el cual no dispone de ningún tipo de información directa ni competencias atribuidas para poder pronunciarse», así como también por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien también en apenas unas horas salió ante los medios a «desmentir categóricamente que el Gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de carreteras» y —cómo no— a echar al PP todas las culpas de este tema porque «sorprende muchísimo —dijo la ministra— la hipocresía del Partido Popular, que fue quien encargó estudios para implantar el pago por uso a partir del año 2021».
Por añadir algún dato curioso más sobre las declaraciones de dirigentes políticos del Ejecutivo actual, quien estas líneas escribe y cuantos compañeros estuvimos presentes en la reciente presentación del DNI Car organizada por Feneval, pudimos escuchar directamente días antes de toda esta polémica y del debate en el que el presidente Sánchez negaba lo que años atrás su Gobierno defendía, las mismas declaraciones de Pere Navarro respecto de este mismo asunto efectuadas con posterioridad al debate.
Según manifestó Navarro, la imposición de peajes en 2024 se iba a efectuar ese año. A partir del 1 de enero tendríamos que hacer frente a los mismos, dado que era un «compromiso de España adquirido con Bruselas para poder acceder a los fondos «Next Generation”. Navarro, eso sí, puso en entredicho la fecha, pues difícilmente podría ponerse en marcha a principios de año dado que aún no estaba claro el sistema a seguir para gestionar los distintos pagos, pero no descartó que la medida entrara en vigor durante el próximo año.
Es más, para ello Navarro llegó a reclamar como necesario debido al actual proceso electoral, el compromiso de todos los partidos políticos para sacar adelante la imposición de peajes en el plazo comprometido con Bruselas. «Sería bueno para todos», llegó a decir. Eso sí, apenas una semana antes del debate, curiosamente nadie salió a desmentirle ni a desautorizarle entonces. ¿Acaso porque el presidente Sánchez aún no nos había mentido al respecto durante el debate?
Así, y pese a que «los españoles no nos merecemos un Gobierno que nos mienta», que diría Pérez Rubalcaba, lo que está claro es que en 2024 habrá peajes. No sabemos si únicamente en las vías de alta capacidad (autovías y autopistas) o bien, como ya sucede en otros países como Suiza, mediante la creación de un impuesto o tasa aplicable a toda la red de carreteras, tanto para los ciudadanos con vehículos propios como para los visitantes del país y todos sus vehículos que circulen por la red viaria. Desconocemos igualmente si se tratará de un peaje específico a pagar en carretera durante el trayecto efectuado o si bien se cobrará «en la sombra» al estilo de cómo se viene financiando la construcción y el sostenimiento de las autovías y autopistas en distintas comunidades autónomas, como por ejemplo sucede en la de Madrid.
Importante nuevo coste a controlar en las flotas
Los peajes suponen un importante coste a contemplar en el presupuesto de la flota. Si bien es cierto que en la mayoría de las ocasiones pueden ser costos considerados como «eludibles», en otras muchas son ineludibles para poder cumplir con los niveles de servicio ofertados o para reducir los posibles inconvenientes de posibles accidentes de tráfico dada la mayor seguridad que su uso proporciona.
Según datos del Foro de Movilidad promovido por la operadora de renting Alphabet, «el 68% de los españoles estaría dispuesto a cambiar sus rutas a carreteras secundarias, pese al mayor índice de siniestralidad que ya registran este tipo de vías, para evitar el pago de peajes en autovías y autopistas.
El estudio de Alphabet también indica que el 91% de los españoles están en contra de la aplicación de esta medida. La aplicación de peajes tiene, para el 63% de la población, fines exclusivamente recaudatorios y un 28% considera que la puesta en marcha de la misma va a traer como consecuencia un agravamiento de la seguridad vial debido a que se producirán importantes desvíos de tráfico hacia la red de carreteras secundarias, las más peligrosas de la red global del país.
Difícil cálculo; muchas incógnitas por resolver
En un año normal, el cálculo de los costes del peaje podríamos simplificarlo añadiendo simplemente el incremento del IPC a los costes soportados por este mismo concepto durante el año anterior, pero de cara a este primer año del nuevo pago por uso que nos va a dejar como herencia el Gobierno de Sánchez, el cálculo que su impacto va a tener sobre los costos de la flota no resulta tan sencillo.
De entrada, ignoramos cuál va a ser su fecha definitiva de puesta en marcha. Y es que no es lo mismo asumirlos desde primeros de año que hacerlo en el último trimestre o el último mes del 2024. También desconocemos el precio por kilómetro recorrido que el Estado va a aplicar para el cálculo del nuevo impuesto, de si este va a ser el mismo para todos los tramos existentes de autovías o autopistas o si va a ser diferente en función de la comunidad autónoma por la que circulemos.
¿Quién lo gestiona? ¿Gobierno o CC.AA.?
Recordemos igualmente que la aplicación del impuesto también tiene problemas añadidos, pues el cobro de este tipo de peajes ya está transferido a las CC. AA, de Cataluña y País Vasco, así como a la de Navarra dado el carácter foral de sus finanzas. Está, por tanto, por determinar qué Administración será en la que recaiga tanto la recaudación como la administración de lo obtenido por el nuevo impuesto o tasa. Si esta quedará en manos del Estado o pasará las CC.AA. Si lo hará en su totalidad o se repartirá entre las Administraciones…
Y recordemos, además, que algo que desde distintos subsectores del sector del automóvil se viene reclamando con urgencia es la revisión al completo de la fiscalidad que recae sobre la adquisición, el uso y tenencia de vehículos a motor. El nuevo Gobierno tendrá sin duda que afrontar el estudio de todos los pagos que recaen sobre el automovilista y orientarlos a la nueva realidad del sector (pagos por uso, por emisiones, uso de red de carreteras, etc), lo que sigue dejando la aplicación del futuro impuesto en el aire.
Habrá usuarios exentos del pago
En este sentido, todo vendrá también determinado por la futura aprobación de la ley de movilidad sostenible, esa donde según la ministra la imposición del pago por uso de autopistas y autovías se desestimaba pese a los compromisos alcanzados con la Unión Europea.
Para efectuar el cálculo también habría que tener en cuenta qué servicios de la flota deberían pagar y cuáles no los peajes, pues habrá vehículos y servicios que queden declarados exentos o que puedan resultar agraciados con una menor cuantía en el pago de los mismos.
Así, algunas informaciones han adelantado que los trabajadores que acudan a su centro laboral estarían libres del pago por uso tanto en el trayecto de ida como en el de vuelta, al igual que los servicios de asistencia sanitaria o cuando se acude a una cita médica en un hospital o centro de salud. De igual manera, determinadas empresas que se vieran obligadas a realizar usos intensivos de determinados tramos podrían, si no ser exoneradas del pago en su totalidad, sí recibir importantes bonificaciones en las cuantías a abonar por ello.
Finalmente, también habría que contemplar la posibilidad de que el sistema de pago por uso que establezca el futuro Gobierno no fuera lineal, sino progresivo; es decir, que o bien se tuviera en cuenta la categoría del vehículo, su tamaño o su potencia, su carácter (industrial, comercial o turismo), o bien se contemplaran los ingresos y capacidad económica de cada usuario.
En todo caso, los gestores de la flota tendrán que hacer cábalas para, antes incluso de que la flota deba asumir los costes de los futuros peajes, calcular hasta qué punto sus vehículos se verán obligados a usar vías rápidas en sus desplazamientos y tendrán que afrontar el nuevo coste por circular por ellas. Para ello, deberán pensar en establecer en su política de movilidad los criterios de uso de este tipo de vías en función de los vehículos de la flota y de los servicios a realizar, calcular los excesos de consumos que significa no utilizarlas frente a sí hacerlo, las demoras de tiempo, etc.
Madrid, entre las más perjudicadas
Según distintas informaciones, los habitantes de la Comunidad de Madrid podrían ser los mayores perjudicados por este tipo de impuesto. Pese a su pequeño tamaño comparado con otras CC.AA., Madrid cuenta con una red de carreteras muy bien conservada que comprende más de 2.500 km, de los cuales 747,92 son de titularidad estatal. De estos, 483,8 km son autovías y 158,37 son de peaje. Además, cuenta con 7,2 km adicionales de carreteras multicarril y 98,55 km de carreteras convencionales.
Según informó la Cadena SER, en mayo de 2021 el peaje masivo que el Gobierno estudiaba imponer entonces contemplaba un coste de 0,1 euros por km recorrido. Cantidad que vendría a suponer unos 3,5 euros en recorridos de Madrid a Valencia o de 6,5 euros para transitar de Barcelona a Madrid. Viajar de La Coruña a la capital del Estado supondría pagar 5,9 euros en peajes. Sin embargo, conviene recordar que las empresas de mantenimiento solicitan unos 0,4 euros por kilómetro por su trabajo. En este caso, viajar en los tramos antes mencionados supondría multiplicar por cuatro las citadas cantidades.
Conviene recordar que los automovilistas contribuyeron de manera directa vía impuestos sobre el automóvil con cerca de 39.200 millones de euros al erario público en 2022, año en el que la recaudación fiscal del estado procedente del automóvil se ha incrementado en un 13,2% frente a lo recaudado en 2021, según datos facilitados por Anfac, la asociación nacional de fabricantes de automóviles, la pasada semana. Según la Asociación Española de la Carretera, resolver los problemas de nuestras carreteras costaría 10.000 millones de euros; el mantenimiento anual ronda los 2.000 millones.
En todo caso, como gestor de una flota, deberías comenzar a analizar las rutas habituales de tus vehículos y cómo pueden afectar los pagos de los peajes a los costes de la misma en función de los servicios y misiones encomendadas a cada una de ellas de modo más habitual. Hay mucho dinero en juego.
