La implantación de las Zonas de Bajas de Emisiones (ZBE) va a suponer más de un quebradero de cabeza para los consistorios obligados. Al margen de las cuestiones técnicas, su efectiva materialización y el rechazo que puedan encontrar por parte de sus ciudadanos en año electoral, de momento se están encontrando con la oposición de la Justicia. El Ayuntamiento de Gijón ha sido el último.
Tras tirar por tierra «Madrid Central» y anular la ZBE de Barcelona, ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el que ha anulado la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Gijón, publicada el pasado 31 de mayo de 2021 en el BOPA (Boletín Oficial del Principado de Asturias), según informa Pyramid Consulting, que asegura que no debe ser una casualidad que tres tribunales de tres comunidades diferentes hayan seguido el mismo criterio interpretativo con respecto a las ordenanzas.
Explica la abogada Lucía Gálvez que la Justicia ha determinado nuevamente que esta Ordenanza de movilidad no cumplía con los requisitos exigidos para salir adelante ya que su tramitación requería la elaboración de una memoria económica que plasmara claramente el impacto económico que puede tener en los ciudadanos. «En este caso, al igual que sucedió con Madrid, la corporación local de Gijón ignoró las cuestiones de forma para el desarrollo normativo, actuando con total impunidad», afirma.
La memoria económica es el principal, pero no el único motivo que ha dado al traste con la ZBE de la ciudad asturiana. El segundo sería la ausencia de motivación en relación con las restricciones y limitaciones a los derechos de los ciudadanos.
