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lunes, agosto 15, 2022

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Las Administraciones públicas contarán con 619 millones de euros para sus flotas de turismos

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El convenio marco aprobado por el Consejo de Ministros, que sustituye al anterior de 2017, autoriza el suministro de vehículos turismos para las Administraciones públicas con un valor máximo estimado de unos 619,68 millones de euros, según ha informado Europa Press. Se trata de un acuerdo de dos años de duración y prorrogable por un máximo de otros dos, que está dividido en siete lotes atendiendo a las características de los vehículos.

Así, los lotes 1, 2 y 3 se corresponden a vehículos compactos clasificados según longitud; el 4 a vehículos tipo berlina; lote 5 a vehículos de la categoría todocamino y todoterreno; el lote 6 a vehículos todoterreno; y el 7 a modelos calificados como pick-up.

Los vehículos verdes o más respetuosos con el medio ambiente tendrán una presencia notable en estos lotes. Del 1 al 5 se han establecido tres grupos definidos en función de la motorización empleada y nivel de emisiones máximas de dióxido de carbono (CO2), y dos de ellos están reservados para vehículos de nulas y bajas emisiones. Al mismo tiempo, en los lotes 6 y 7 se establece un grupo para vehículos de combustión y un segundo para vehículos híbridos enchufables y eléctricos.

Estos 619 millones de euros vendrían a sumarse a los 109 millones contemplados como valor máximo en el acuerdo marco para el suministro de vehículos comerciales ligeros anunciado por el Consejo de Ministros a finales del mes de agosto del año pasado.

Igual que aquella, la adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, admitiéndose a todos los licitadores que cumplan los criterios de aptitud exigidos y cuyas ofertas se ajusten a las condiciones técnicas y económicas requeridas.

El ámbito del acuerdo incluye a la Administración General del Estado, organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades adheridas de la Ley de Contratos del Sector Público en el ámbito estatal, autonómico y local que formalicen su adhesión específica al acuerdo marco.

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