Satisfacción. Esa es la opinión que respecto de la sentencia del TJUE que declara «no sujetas a derecho» las restricciones al sector del VTC en su conflicto frente al sector del taxi manifiestan Feneval y Unauto VTC, asociaciones que representan al 100% de las empresas y profesionales del sector del arrendamiento de vehículos con conductor y que defienden sus intereses en el Comité Nacional del Transporte por Carretera.
El dictamen emitido el jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirma que la limitación del número de autorizaciones de VTC en Barcelona a 1 licencia por cada 30 de taxi existentes en la ciudad vulnera la libertad de establecimiento y explica los criterios que han de tenerse en cuenta para la exigencia de una segunda licencia de carácter municipal para operar en determinados territorios.
Según la corte europea, el régimen 1:30 es contrario a la libertad de establecimiento prevista en el artículo 49 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, ya que su aplicación supone en la práctica una limitación efectiva de acceso al mercado a todo recién llegado. El dictamen del TJUE recuerda igualmente que cualquier restricción que se aplique al mercado ha de estar amparada en una razón imperiosa de interés general y que, en ningún caso, puede considerarse como tal la protección de la viabilidad económica del sector del taxi.
A criterio de Feneval VTC y Unauto VTC, el citado argumento pondría en cuestión gran parte de las restricciones que en estos últimos años han ido aplicando las autoridades de las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cataluña o Valencia al servicio de las VTC.
Algunas regulaciones son contrarias a derecho
«El sector de las VTC celebra esta sentencia, que no hace sino demostrar que la regulación de algunas regiones españolas es contraria al derecho español y europeo y nos coloca a la cola de muchos países de la región en materia de movilidad y sostenibilidad», comenta Ignacio Manzano, portavoz de Feneval VTC.
En cuanto a la exigencia de una segunda licencia para operar, otro de los aspectos sobre los cuales el Tribunal de Justicia de Cataluña había preguntado al TJUE antes de proceder a dar su dictamen, la sentencia del órgano judicial europeo claramente considera que se trata de una «restricción al ejercicio de la libertad de establecimiento», pues limita el acceso al mercado de posibles nuevos competidores.
Para el TJUE, la obtención de esta segunda licencia puede estar justificada si con ella se persiguen objetivos de «buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y del medio ambiente», pero sin embargo considera que tales objetivos están muy alejados de algunas de las restricciones impuestas por la normativa implantada en el Área Metropolitana de Barcelona, como por ejemplo la longitud mínima de los vehículos que impone el Decret Llei de la Generalitat.
Para el tribunal, los servicios de VTC favorecen la consecución de los objetivos perseguidos en estos ámbitos, como pueden ser la reducción del uso del coche particular en las ciudades, y destaca el nivel de digitalización de las plataformas y su flexibilidad para prestar servicios, cosa que, además, las VTC hacen usando vehículos más sostenibles.
Adaptar normativas a las necesidades de los ciudadanos
«Tras esta sentencia, el regulador español deberá adaptar la normativa para que el número de licencias sea determinado en función de las necesidades de movilidad de los ciudadanos y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad, y no en base a los intereses de la minoría más radical del sector del taxi», comenta José Manuel Berzal, portavoz de la asociación Unauto VTC.
Ciudades turísticas como Barcelona, Valencia o Palma de Mallorca padecen, muy especialmente en temporada alta, la falta de alternativas de movilidad en sus calles. Y, curiosamente, son también las ciudades que durante estos últimos años han impuesto las restricciones más rígidas a la actividad del sector de las VTC en sus territorios. Restricciones que en muchas ocasiones han sido puestas en duda por los tribunales españoles, por las autoridades de la competencia y por los distintos organismos consultivos a los que el sector se ha dirigido en defensa de sus derechos. Unas restricciones que, además, perjudican de manera indudable a los ciudadanos en el desarrollo de su vida diaria, así como a las ciudades como destino turístico.
Las limitaciones han introducido en las principales ciudades españolas una gran escasez de alternativas de transporte. En otros países europeos en los que no existen tales limitaciones, la oferta de movilidad para ciudadanos y turistas es muy superior. De hecho, el número de taxis y VTC disponibles por cada 1.000 habitantes es siempre muy superior. Así por ejemplo, en Londres hay 10,1 unidades por cada 1.000 habitantes; 8,5 en Ámsterdam; 5,7 en Lisboa o 5,5 en París. En Barcelona apenas alcanzan las 3,5 unidades por cada millar de ciudadanos.
Convivencia posible y muy deseable
Un reciente estudio elaborado por equipos de investigadores del Centro de Investigación del Transporte (TransyT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha concluido que la aparición de los servicios de VTC han contribuido a mejorar la competitividad del sector del taxi. El estudio certifica que la aplicación de la digitalización y tecnología que el VTC utiliza para el desarrollo de sus servicios ha ayudado a mejorar la competitividad y estado de los vehículos que los taxistas utilizan y que la convivencia de ambos servicios en el mercado no sólo es posible sino, además, muy deseable.
Por otra parte, recientemente la CNMC se posicionó en contra de proceder a otorgar una protección excesiva al sector del taxi en detrimento de la actividad de las compañías de VTC. Ya en 2019, la CNMC recomendó revisar el establecimiento de límites al número de licencias que se otorgaban, dado que tales restricciones limitaban tanto el volumen de los servicios prestados como el posible desarrollo de los mismos.
Además, la Autoritat Catalana de la Competencia (ACCO) ya manifestó en su momento que la imposición de una ratio VTC vs taxi provocaba una «discriminación entre ambos sectores y que producía efectos más graves desde la óptica de la competencia para las VTC», ya que además de limitar su acceso al mercado, provocaba que siempre fueran inferiores en número a los taxistas.
Por otra parte, el ACCO indicaba que la restricción que suponía la ratio 1/30 haría que se acabara reduciendo el bienestar de los consumidores al incrementar los tiempos de espera de los pasajeros y reducir la calidad de los servicios ofrecidos.
Preguntadas con respecto al contenido de la sentencia, las principales operadoras de servicios de VTC en el mercado nos han remitido al comunicado emitido por Feneval y Unauto VTC, dado que recoge la posición unitaria del sector respecto del conflicto, en el cual todas ellas quieren mantener una opinión común para facilitar su resolución. Lo que aún no han decidido es qué medidas adoptarán de cara a un posible resarcimiento de sus intereses tras la aprobación en su día del Decret Llei de la Generalitat que introdujo las limitaciones al servicio de las VTC y que tuvo como efecto importantes pérdidas económicas para las empresas que operaban en el Área Metropolitana de Barcelona, así como la pérdida de miles de empleos del sector en Cataluña.
Conviene recordar que tras la legislación que puso en marcha la Generalidad de Cataluña y su posterior aplicación por el Ayuntamiento de Barcelona que entonces tenía como alcaldesa a Ada Colau, los restrictivos criterios que se establecieron impidieron realizar a las VTC su actividad al exigírseles determinadas medidas en las dimensiones de los vehículos que resultaron imposibles de cumplir. Aquello «buscó la ruina tanto de autónomos, como de pequeños y grandes empresarios», asegura José Manuel Berzal, presidente ejecutivo de Unauto VTC. Recordemos que a consecuencia de todo ello Uber abandonó sus operaciones en Barcelona en febrero de 2019 y Cabify se vio obligada a retirar de la actividad algo más de un millar de unidades.
En cuanto a los taxistas, Élite Taxi, sindicato de taxistas de Barcelona y uno de los más activos en las protestas contra las VTC, también se ha mostrado «satisfecho» con la sentencia del TJUE al estimar que su contenido permite la limitación de las licencias de vehículos de alquiler con conductor para proteger el medioambiente o regular el tráfico. En todo caso, Élite Taxi ya ha convocado una protesta para el próximo miércoles con el fin de exigir un mayor control sobre las licencias. Será una marcha lenta de los taxis por las calles de la ciudad.
Según Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, el dictamen del TJUE avala que se reclame a las VTC una autorización adicional para el desarrollo de su actividad, pese a que se haya rechazado la limitación 1/30 que solicitaban los taxistas.
Para esta asociación, el tribunal avala que los ayuntamientos puedan restringir por razones de congestión del tráfico, medioambientales, de ocupación del espacio público y de seguridad vial la actividad de las VTC. «En Cataluña se ha trabajado muy bien. Aquí los hemos neutralizado y no va a entrar ni una VTC más”, asegura Álvarez.
Pese a la sentencia, Élite Taxi tiene previsto acudir el próximo miércoles a la subdelegación del Gobierno en Barcelona tras haber ocupado previamente la Gran Vía y el Paseo de Gracia para trasladar su reclamación a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Los taxistas piden que el Gobierno elabore una norma que, pese a lo dictaminado por el tribunal europeo, proteja a los taxistas de fuera de las áreas metropolitanas, ya que es el ministerio el organismo que aún tiene las competencias sobre el transporte interurbano.
Para Álvarez, «si el ministerio no pone remedio y restringe de facto las VTC fuera de las áreas metropolitanas este mismo verano, podemos encontrarnos con una invasión de estos vehículos en lugares como Málaga y otras ciudades de la costa mediterránea. Y no se puede dejar toda la costa colapsada de coches negros sin control y con gente precarizada». El portavoz de Élite taxi acaba con un mensaje muy claro: «Aquí no habrá paz hasta que todo el conflicto se solucione». Y es que, pese al salomónico dictamen emitido por el TJUE, es evidente que hay embrollo por delante para rato, puesto que ninguna de las partes va a ceder en sus posiciones.
No privar al ciudadano de la libre elección de transporte
En todo caso, lo que viene a poner de manifiesto la sentencia del TJUE es que «bajo ningún concepto se puede privar a los ciudadanos de libertad para elegir libremente el modelo de transporte que ellos quieren», comenta el presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, para quien regulaciones como las que ya existen en comunidades como Andalucía o Madrid «no perjudican al taxi pero sí que benefician a los ciudadanos».
Para Berzal, «ampliar la oferta de movilidad redundará en una mejor imagen de la ciudad que la tenga, lo que sin duda también reportará importantes ventajas al turismo».
El varapalo que la sentencia puede suponer para el sector del taxi puede ser incluso mayor de lo esperado, pues la anulación del ratio 1/30 y de limitaciones semejantes van a permitir que las miles de licencias de VTC que están pendientes de aprobación puedan llegar a activarse si el Tribunal Supremo español así lo decide finalmente. Las primeras estimaciones hablan de que son unas 20.000 licencias las que permanecen expectantes a la resolución de sus recursos ante el alto tribunal español para activarse.
En cuanto a la exigencia de una segunda licencia de actividad a escala autonómica o local, si bien la sentencia también la considera en parte contraria al derecho comunitario, el TJUE no niega que puede ser necesaria y autorizada siempre que con ello «se garanticen los objetivos de buena gestión del transporte, del espacio y del transporte público, así como de protección al medioambiente». Un asidero muy fino al que ahora los taxistas van a recurrir como palanca para sus protestas.
En todo caso, la decisión final que se adopte habrá de ser motivada por «criterios realmente objetivos y no por otros de carácter discriminatorio o conocidos de antemano». Con ello, el TJUE busca que se excluya cualquier tipo de arbitrariedad y que la resolución responda en todo caso a las necesidades reales de la AMB, o de cualquier territorio que, en lo sucesivo, deba afrontar este tipo de conflicto entre los taxis y las VTC.
