La progresiva implementación de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, junto con el reciente anuncio de la Unión Europea de la prohibición de vender vehículos de combustión a partir de 2035, está obligando a las empresas cuyo activo principal son los vehículos, es decir, compañías distribuidoras y de última milla, taxis, VTCs, cualquier gestor de flotas, empresas de rent a car, renting y carsharing, entre otras, a desarrollar un nuevo plan estratégico para poder cumplir con eficacia las nuevas normativas, asegura Juan Roldán, CEO de Wattson Charge, compañía especializada en servicios de carga móvil ultrarrápida para coches eléctricos.
En concreto, continúa el ejecutivo, se están viendo obligados a electrificar sus activos por cuestiones de regulación a la circulación de vehículos de combustión. Lo más inmediato, en ciudades de más de 50.000 habitantes, pero a la larga toda su flota va a tener que ser totalmente eléctrica. Esta transformación va a suponer inversiones más que considerables, ya que además de tener que invertir en nuevos vehículos, deberán contar con puntos de recarga en sus propias instalaciones. Aspectos que suponen una gran preocupación para estos negocios, que no solo temen una merma en su rentabilidad, sino que, en muchos casos, prevén incluso el riesgo de un mismo cierre.
A esto se suma el hecho de que en España, sin duda, hay escasez de cargadores eléctricos. Actualmente existen 18.000 puntos de recarga para 600.000 usuarios de vehículos eléctricos, una cifra bastante inferior a los 45.000 previstos con los que se debería haber cerrado 2022. Pero, además, un 20% de los existentes están fuera de servicio por falta de mantenimiento u otros problemas. Ahora mismo hay 1,1 puntos por cada 100 kilómetros de vía. Eso convierte a España en uno de los peores países de la Unión Europea en este aspecto.
Así, afirma Roldán que el miedo a las colas de vehículos inactivos y con batería agotada en espera para ser recargados es el gran hándicap que las empresas del sector arguyen para demorar la implantación del vehículo eléctrico de forma expansiva. Problema que, además, se agrava aún más en las áreas suburbanas y rurales donde la inversión no se ha materializado.

La situación actual a la que se ven abocadas las empresas de gestión de flotas ante la falta de infraestructura fija de recarga es la interrupción de su actividad, debido a que los vehículos necesitan un periodo de tiempo de horas para poder recargar las baterías. A esto hay que añadir la complejidad de tener que programar sus rutas teniendo en cuenta la duración de la carga de las baterías de los vehículos.
Por otro lado, a las empresas de rent a car, renting y carsharing se le añade un inconveniente adicional del estrés de rango que pueden sufrir sus clientes. Se trata del miedo que sienten los conductores a quedarse sin batería y no disponer de un cargador en ruta que pueda solventar este problema. Este hecho se traduce en una reducción de la demanda del vehículo eléctrico.
En este sentido, el sector de alquiler de coches ha denunciado explícitamente que la infraestructura de puntos de recarga para vehículos eléctricos no está preparada para el salto que la administración quiere dar en la movilidad ‘verde’. Las empresas están sirviendo de test para comprobar la viabilidad de este tipo de movilidad en los primeros compases de la transición energética, y la conclusión es que hacen falta más alternativas.
En este punto, el directivo considera que cobran especial relevancia los cargadores móviles ultrarrápidos. Se trata de un cambio de operativa en el que las empresas de gestión de flotas ya no tienen que preocuparse de tener cargadores en sus instalaciones o localizar un cargador público disponible, sino que es el cargador móvil y ultrarrápido el que se desplaza hasta la ubicación del vehículo para cubrir sus necesidades de recarga. Con una potencia de 200 kW, pueden añadir 100 kilómetros de autonomía en menos de cinco minutos.
La apuesta por el cargador móvil ultrarrápido es una propuesta interesante, explica, para reducir la inquietud que genera la transformación de las flotas en vehículos eléctricos, ya que solventa uno de los problemas más graves que todas estas empresas manifiestan: la escasez de puntos de recarga. Sin dejar de mencionar, por supuesto, el coste económico que supone la inoperatividad de los vehículos eléctricos cuando estos se quedan sin batería.