Un informe más que evidencia el déficit de nuestro país en el despliegue de la electromovilidad. En este caso lleva la firma de ACEA, la patronal de los constructores automovilísticos europeos, y viene a exponer que España solo cuenta con 1,6 cargadores para vehículos eléctricos por cada cien kilómetros de carreteras, lo que nos sitúa en el puesto 19 del ranking sobre un total de 27 países.
Solo Lituania, Grecia, Chipre, Estonia, Polonia, Letonia, que no alcanzan de media ni un solo punto de recarga por cada cien kilómetros, además de Hungría y Rumanía presentan un registro peor que el mercado español, que se queda muy lejos de los países que lideran esta clasificación: Países Bajos, con 64,3; Luxemburgo, 57,9; Alemania, 25,8%; y nuestros vecinos portugueses, con 24,9 puntos de recarga cada cien kilómetros. Otras grandes potencias automovilísticas como Francia e Italia registran, respectivamente, 3,4 y 9,2 cargadores.
Según los datos de la asociación, solo cinco países poseen más de diez puntos de recarga cada cien kilómetros de carretera y hasta 17 cuentan con menos de cinco. Pero a esta problemática se añade una segunda, la relacionada con la velocidad de recarga, puesto que solo uno de cada siete puntos en la Unión Europea es de carga rápida, es decir, tiene una capacidad superior a los 22 kW.
En relación a estos datos, Sigrid de Vries, directora general de ACEA, ha manifestado que «si queremos convencer a los ciudadanos de toda Europa de que se pasen a la electromovilidad en la próxima década, la recarga de estos coches debería ser tan fácil como lo es hoy el repostaje. La gente no debería tener que recorrer kilómetros para encontrar un cargador, ni tener que esperar años para recargar su vehículo».
La asociación quiere llamar la atención de los eurodiputados para que en la votación de la próxima semana sobre el Reglamento de Infraestructuras para Combustibles Alternativos (AFIR) se inclinen por una acción decisiva en materia de infraestructuras de tarificación, estableciendo objetivos ambiciosos en materia de infraestructuras -con mecanismos claros de aplicación- para cada Estado miembro.
