El Consejo de Ministros aprobó ayer, 21 de diciembre, un Real Decreto para digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Dotado de 525 millones en subvenciones directas entre 2021 y 2023, las cuantías anuales máximas ascenderán a 227 millones con cargo al Presupuesto General del Estado de 2021, otros 148 millones con cargo a 2022 y 150 millones en 2023.
Podrán acogerse a estos fondos, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), las empresas distribuidoras que operan en régimen regulado en las zonas en que están implantadas, que recibirán una ayuda proporcional al porcentaje de retribución regulada que recibe sobre el coste total de la actividad de distribución de electricidad. Para acceder a las subvenciones, las empresas deberán presentar planes estratégicos con las estimaciones de sus inversiones sobre el empleo, la cadena de valor industrial y la contribución a la penetración de nueva generación renovable, que serán publicados en la página web del MITECO.
El PRTR financiará hasta el 50% de los activos relacionados con la digitalización de la red y con las infraestructuras necesarias para alimentar puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos, con una potencia superior a 250 kW, situados en la vía pública.
Los potenciales beneficiarios tendrán que implantar herramientas digitales de mejora de atención al consumidor, incluyendo sedes electrónicas para gestionar expedientes relativos al acceso y la conexión de instalaciones de autoconsumo y de puntos de recarga. Además, el Real Decreto autoriza que las distribuidoras incrementen su límite de inversión anual con cargo al sistema eléctrico en una cuantía equivalente a la inversión acometida gracias al apoyo del PRTR durante el año siguiente a la puesta en servicio de los activos resultantes de las inversiones.
Medidas fiscales
Con el objetivo de contar con 100.000 puntos de recarga en 2023, el Real Decreto también autoriza a los ayuntamientos a aplicar bonificaciones de hasta del 50% sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), hasta del 50% en la Cuota Municipal en locales de actividad económica y hasta del 90% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Además, los edificios no residenciales privados y los parkings no adscritos a edificios tendrán que instalar puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento antes del 1 de enero de 2023, de un modo proporcional al número de plazas, y establece que, para agilizar la implantación de una red de recarga solvente, la instalación de estos puntos de recarga quedará eximida de la obtención previa de licencia de obra, de funcionamiento o de actividad, entre otras. Asimismo, el Gobierno facilitará la implantación de puntos de recarga en los terrenos circundantes a las carreteras del Estado, de cara a la instalación masiva en las estaciones de servicio.
Igualmente, se incorpora al ordenamiento jurídico un régimen sancionador para las distribuidoras de electricidad en casos de incumplimiento de plazos a la hora de facilitar información sobre las condiciones de la instalación de puntos.
Sistema inteligente
Dotar de inteligencia al sistema eléctrico es clave para integrar energía renovable distribuida, sistemas de almacenamiento y herramientas de flexibilidad, como la agregación y la gestión de la demanda. La digitalización de las redes de distribución está incluida en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA), que canalizará más de 16.300 millones en los próximos años para adaptar el sistema energético y reforzar la posición del liderazgo español en el campo de las energías limpias.
Positivo, pero insuficiente
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Anfac, ha valorado de forma positiva el Real Decreto, aunque señala que se queda corto y debería ir acompañado de un plan de ayudas a la compra de vehículos eléctricos, incluyendo no solo medidas que simplifican la instalación y los procesos burocráticos, sino también del resto de medidas que la asociación propuso en enero de este año («16 Medidas para impulsar el despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica de acceso público en España»), como las de carácter institucional, dirigidas a eliminar las barreras regulatorias; de impulso económico, dirigidas a incentivar la instalación y operación de los puntos de recarga de acceso público; y de liberalización y protección a los consumidores.
Anfac muestra su satisfacción por la obligatoriedad de la instalación de puntos en parkings no residenciales privados y en otros no adscritos a edificios para 2023 ya que facilita alcanzar los 100.000 puntos para ese año. Igualmente, es favorable a la instalación masiva en todas las estaciones de servicio y en terrenos circundantes a las carreteras del Estado, lo que significa que no todos los puntos estén en las capitales de provincia y el vehículo electrificado pueda cumplir la función de recorrer largas distancias con autonomía suficiente. En este sentido, la asociación ha puesto a disposición de las administraciones sus mapas para el despliegue de estas infraestructuras, que pueden servir de modelo o guía para esta instalación no centralizada.
Para el director general de Anfac, José López-Tafall, el Real Decreto indica que «vamos por el buen camino para impulsar la demanda del vehículo, la infraestructura y alcanzar los exigentes objetivos de descarbonización que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030».
