El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará este próximo jueves día 8 de junio sobre la cuestión prejudicial planteada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre si realmente se puede limitar o no el número de licencias de vehículos VTC en función del número de taxis existentes.
La pregunta surgió a raíz del fuerte conflicto existente entre los taxistas y las VTC desde que Uber y Cabify comenzaron a operar en nuestro país. Los primeros exigen que se respete la norma que establece un ratio de 1 licencia de VTC por cada 30 licencias concedidas de taxi, mientras que los VTC abogan por la libre competencia.
El alto tribunal sito en Luxemburgo deberá dictaminar sobre este punto y todo parece indicar que su sentencia al respecto se producirá este próximo día 8 de junio, aunque pudiera sufrir algún retraso.
El ratio 1/30 altera la libre competencia en la UE
En 2021, el Tribunal Supremo español admitió un recurso que le permitía poder volver a analizar si su anterior sentencia de 2018 en la que ratificaba la legalidad del ratio 1/30 respetaba la libertad de establecimiento de las empresas, o si por el contrario suponía una limitación a la misma, además de una ayuda del Estado al sector del taxi, lo que venía a romper los acuerdos establecidos en las normas y tratados de la Unión Europea con respecto a la libre competencia.
En nuestro país, prácticamente ninguna CC.AA. respeta la citada proporción 1/30 que los taxistas solicitan que se mantenga para preservar su posición en el mercado del transporte de viajeros. Actualmente hay otorgadas unas 18.389 licencias de VTC (un 1,5% más que en 2022) frente a las 60.039 licencias de taxi existentes, lo que arroja una proporción de 3,3 taxis por cada vehículo VTC, cifra muy lejana a la del ratio establecido.
Habría que eliminar más de 16.000 licencias de VTC
De ratificar el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea esta norma, las VTC deberían ajustarse a la ley, lo que provocaría que sobraran unas 16.388 licencias en el mercado, situación que haría inviable la continuidad de muchas empresas en el sector.
La Comunidad de Madrid aglutina más de la mitad de las licencias del sector. En la capital hay 15.008 licencias de taxi y 8.787 de VTC, lo que representa un ratio de 1,7 taxis por VTC. En Cataluña sobrarían prácticamente el 15,3% del total de licencias de VTC concedidas y en Andalucía el 18,9% de las repartidas entre sus ocho provincias.
Los intentos por solucionar el problema no han convencido a ninguna de las dos partes. En 2018, el denominado decreto Ábalos con el que el Gobierno quiso poner fin a la huelga y reclamaciones de los taxistas básicamente «traspasó» el problema tanto a las comunidades autónomas como a los municipios, al transferirles el otorgamiento de las licencias de actividad, ya fueran de ámbito comunitario o municipal. Desde entonces, algunas comunidades, como la catalana, han ido algo más lejos y han llegado a legislar incluso sobre el tipo de coche que los VTC han de usar para poder obtener una licencia, además de otras muchas limitaciones que han llevado a los grandes operadores del sector(Cabify, Uber, Volt…) a amenazar con dejar de prestar sus servicios en la ciudad.
En stand by a la espera del dictamen
En Madrid la situación se encuentra en un stand by precisamente a la espera de la sentencia que ha de emitir el Tribunal de Justicia de la UE, pues —con buen criterio— no se ha querido regular ni una ni otra actividad hasta tener conocimiento de la misma. Eso no quita que, en el camino, se hayan aprobado algunas normas que establecen alguna limitación al desenfreno que en su día hubo en la actividad de las VTC, al tiempo que se han levantado y variado algunas de las normas que afectaban al sector del taxi, especialmente en la ciudad de Madrid.
Así que la situación se mantiene con las espadas expectantes en alto a la espera del dictamen que se debería dar a conocer este próximo jueves.
