El 1 de julio comienza el mandato de España al frente de la presidencia de la Unión Europea, pero las peticiones a la misma no se hacen esperar. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, ACEA, ha exhortado a nuestro país a que la UE se replantee bajo su presidencia la aplicación de la normativa Euro7 que limita nuevamente las emisiones contaminantes de los vehículos nuevos que se venden en Europa.
La patronal solicita igualmente que la presidencia española se aplique en estos seis meses en impulsar las infraestructuras para la recarga y el repostaje de camiones y autobuses o que priorice el Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA) entre la Unión Europea y el Reino Unido que expira a final de año.
La petición ha sido realizada por la presidenta de ACEA, Sigrid de Vries, a través de una carta abierta al Gobierno español en la que solicita que su presidencia esté marcada por la aplicación del «sentido común y orientada a la competitividad» para poder así «liberar» el verdadero potencial que la inversión verde puede tener para Europa.
España puede dejar su impronta
Según De Vries, «España tiene la oportunidad de dejar su impronta» en un momento en el que las previsiones económicas para la industria europea son «cada vez más inciertas». La presidenta de ACEA considera que es el momento de replantearse seriamente la aplicación o no de la normativa Euro 7. Desde la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles se considera que con la actual Euro 6 y con el proceso de electrificación que vive el sector, se va a conseguir reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en un 80% para 2035 y que la aplicación de la Euro 7 apenas va a permitir conseguir una «diminuta reducción adicional» cifrada en un 2 a un 4 por ciento. Un resultado muy pobre máxime si además tenemos en cuenta el «elevado coste» que tendrían que afrontar los fabricantes europeos para poder cumplir con la nueva normativa.
Los fabricantes de automóviles, recuerda De Vries, ya han orientado masivamente sus inversiones hacia vehículos cero emisiones, hasta el punto de que los motores de combustión desaparecerán de turismos y furgonetas en 2035.
Reducir un 45% emisiones de camiones y autobuses
Desde ACEA también se considera que la propuesta de la UE sobre las emisiones de carbono (CO2) en los vehículos pesados nuevos también ha de ser ambiciosa. El objetivo debería ser el de reducir estas emisiones en un 45% para 2030 en comparación con las cifras de 2020. En su carta, De Vries considera que más que la tecnología o la disponibilidad de vehículos, el verdadero problema reside en la «falta de infraestructuras, tanto de recarga como de repostaje, que existe en todos los países miembros».
La presidenta de ACEA subraya especialmente que «para este tipo de vehículos se da una ausencia casi total en las carreteras europeas de infraestructuras privadas y de acceso público». Y ello pese a que, como bien indica De Vries, no cabe duda del esfuerzo que los fabricantes están haciendo por aumentar la producción de camiones y autobuses cero emisiones.
«Será imposible alcanzar los ambiciosos objetivos planteados en la normativa de CO2 si antes no garantizamos que los propósitos planteados para los fabricantes de camiones estén sincronizados con las condiciones propicias que los mercados ofrecen», explica Sigrid de Vries en su misiva al Gobierno español.
Priorizar la firma de un nuevo acuerdo comercial UE-UK
La presidenta de ACEA también ha destacado la necesidad de que España priorice durante su presidencia de la UE el acuerdo comercial entre Europa y el Reino Unido antes de que expire a final de año el actual Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA) vigente con los exsocios comunitarios. Para el sector es de suma importancia, pues una vez finalizado este todos los bienes exportados, tanto piezas de baterías como otros muchos materiales y componentes críticos en las cadenas de suministro, deberán cumplir normas de origen (ROO) por las que deberán producirse en la UE o en el Reino Unido para poder optar a quedar libres de aranceles a ambos lados del Canal de la Mancha a partir del 1 de enero de 2024.
ACEA ya solicitó a mediados de este mes de junio que se prorrogaran durante otros tres años las actuales normas comerciales entre la UE y el Reino Unido. De no hacerlo, los pagos que la industria del automóvil tendría que abonar en aduana supondrían unos sobrecostes para el sector de algo más de 4.300 millones de euros entre 2024 y 2026. Estos sobrecostes afectarían especialmente a la producción de vehículos eléctricos, que verían mermada su fabricación en cerca de 480.000 unidades.
Según De Vries, aunque los fabricantes europeos de automóviles están realizando masivas inversiones para evitarlo, aún siguen dependiendo de celdas de batería y de materiales importados de Asia. De no rubricarse el nuevo acuerdo en los plazos previstos, «la no ampliación de la actual exención arancelaria colocaría a los fabricantes de la UE en una posición cada vez más fuera de juego en el que sin duda es su mayor mercado de exportación».
Enviar un mensaje claro a los competidores
Por todo lo expuesto, la presidenta de ACEA considera que España tiene durante su presidencia de la Unión Europea «una gran oportunidad» para enviar un claro mensaje a fuertes competidores como EE.UU. o China de que la UE está firmemente «decidida a defender sus industrias al tiempo que a mantener las inversiones verdes en Europa».
Para De Vries, la Unión Europea debe priorizar la competitividad industrial para hacer realidad el Pacto Verde Europeo, al igual que nuestros competidores priorizan la suya. La presidencia española de la UE tiene ante sí una gran oportunidad de «establecer las condiciones adecuadas para que los fabricantes de automóviles puedan ofrecer un verdadero transporte sin emisiones para 2050», concluye la presidenta de ACEA.
